la depuración de maestros

Si la República supuso un apoyo e impulso a proyectos e iniciativas de modernización pedagógica, el nuevo Régimen que se instaura desde la Guerra Civil convierte a la escuela en un aparato ideológico a su servicio que pretende formar a los niños en los principios que convenían al Régimen.

Esta Nueva España trata por todos los medios de deslegitimizar la labor republicana. Urge eliminar la ideología de los “rojos”, que únicamente han inculcado “el odio a la religión y a la Patria”.

¿De qué acusa el nuevo Estado a la República? De anodina, masónica, estéril, amoral, ausencia ante Dios, internacionalismo, irresponsabilidad ante el deber o marxismo.

El Nuevo Régimen constata, pues, una necesidad: extirpar y destruir ideas y a las personas que las habían encarnado y/o que habían contribuido a su propagación. Y el instrumento que crea a tal efecto es la Comisión Depuradora.

La depuración tiene un carácter punitivo y preventivo[1], además de un efecto ejemplificador. Los procesos suelen concluir con el exterminio físico.

La depuración de maestros tiene lugar desde prácticamente el minuto 0 de la sublevación militar, pues interesa eliminar cuanto antes a todos aquellos que puedan mostrar oposición, de una forma u otra.

Además de los fusilamientos que se llevaron a cabo desde ya julio del 36, en el anuncio del Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza del 28 de agosto de 1936, se indicaba que los alcaldes debían de enviar un informe sobre la conducta del maestro, indicando si éste, era un elemento perturbador o si era digno, patriótica y moralmente, de llamarse maestro

La Comisión C, responsable de las escuelas nacionales, enviaba una Hoja Informativa, con un cuestionario de 12 preguntas (con cuestiones de tipo profesional, sobre ideología, religión y afiliaciones político-sindicales) al alcalde, al cura, al comandante de la Guardia Civil y a un padre de familia bien reputado[1] para su cumplimentación.

La información recabada se sumaba a otros datos obtenidos procedentes de registros domiciliarios o de información llegada de particulares o de servicios de información, tales como Falange o Acción Ciudadana. El servicio de Información de Falange en Huesca, por ejemplo, elaboró listados de maestros que habían de ser vigilados o detenidos.

Una vez reunida toda la información, se redactaba el pliego de cargos, que había de notificar al interesado, para que, en un plazo de tiempo determinado, respondiera a la acusación de dichos cargos y presentara pruebas en su defensa.

En muchos casos, sobre todo los primeros meses desde el inicio de la contienda, muchos expedientes de depuración no llegaban a completarse, no llegaba a emitirse el pliego de cargos, pues aquellos a los que se estaba procesando ya habían muerto.

Relación de docentes de la comarca fusilados. Fuente: Asociación y sindicalismo en la enseñanza en Aragón (1900-1939): La Federación Española de trabajadores de la Enseñanza (2003).

Otros maestros sufrieron la purga y fueron expulsados del escalafón, y aunque no fueron fusilados, sí sufrieron la depuración o el exilio. Algunos de ellos fueron: Simeón Omella (Plasencia del Monte), Zacarías Asín Bui (Nueno), José Bellostas Aguilar (Nueno), Manuel Ventura Palacio (Ayerbe), Emilio Loriente Vidosa (Ayerbe), Ceferino Palacín García (Blecua y Torres), Carmelo Llauquet Antín (Monflorite – Lascasas), Pio Gil Canudo (Casbas) o Gonzalo Lacruz Baratech (Junzano).